En materia de vivienda, ambos partidos han acordado otorgar a los ayuntamientos y a los gobiernos regionales la potestad para limitar los precios del alquiler en zonas que se determinarán tensionadas.

Límite a los precios del alquiler

A partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que desarrolla el Ministerio de Fomento se establecerán índices de precios "de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica”. Se apoyará en aquellas regiones que ya tengan un sistema de referencia de precios de alquiler.

Los ayuntamientos podrán declarar con carácter temporal y excepcionalmente zonas urbanas tensionadas del mercado de arrendamiento de viviendas, si se ha producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler, “que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable. Ala vez, evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler”.

También se regulará el alquiler turístico impulsando reformas normativas que permitan a las comunidades de propietarios que puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio.

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos pretende también ampliar progresivamente el presupuesto actual en materia de Vivienda.

Por un lado, se pondrá en marcha un nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2018-2021 dedicado a impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación para crear un parque de vivienda social importante. Para ello:

• Movilizará suelo público disponible para favorecer la promoción de vivienda de alquiler social.
• Se ofrecerá un Plan para la Rehabilitación de Viviendas, que ofrecerá financiación para la reforma de viviendas de particulares que se vayan a dedicar al alquiler, a precios asequibles.
• Se dará financiación a las comunidades para que ejerzan el derecho de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas.
• Agilizará la concesión de licencias.

Los hipotecados que pierdan su vivienda única y habitual en un proceso de ejecución hipotecaria, y que no dispongan de alternativa habitacional podrán acogerse a un alquiler social. “El procedimiento de ejecución hipotecaria deberá garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, de acuerdo con lo que establece la normativa europea”, concreta el documento.

Además, habrá realojo inmediato para aquellos inquilinos que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad.

Además, se creará una estrategia que aborde la problemática de los ‘sin hogar’, desde el enfoque de derechos en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

"Pretendemos que nuestra nación sea un referente que ofrezca seguridad a los colectivos más vulnerables frente a la derecha", comentó Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, y futuro vicepresidente del Gobierno si finalmente sale este acuerdo de legislatura entre ambos partidos.

Regulación de la vivienda

El supuesto futuro Gobierno de España definirá los conceptos de “vivienda vacía” y “gran tenedor de vivienda” para poder actuar en consecuencia, dando paso a las políticas que estimen oportunas las comunidades autónomas y los municipios: fiscales, sancionadoras o de estímulo para movilizar las casas vacías. El Ejecutivo busca con estas medidas que los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables.

Por su parte, se agilizará la firma de convenios con gobierno regionales y locales para llegar a acuerdos con Sareb e impulsar la utilización de viviendas para alquiler social. En esta línea, la vivienda pública se determinará de carácter social, para garantizar que se dedique exclusivamente para alquiler social evitando que sean vendidas o explotadas.

Se potenciará el Observatorio de la vivienda para auditar la oferta real y la calidad de las viviendas públicas. Además, se estudiará el parque de alquiler privado, las necesidades habitaciones y situaciones de exclusión social o la cantidad de vivienda vacía.

Por otro lado, se reformará el régimen jurídico y fiscal de las Socimis, aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos.